LA LEGITIMA DEFENSA DEL HOMBRE

un pecado la aplicación o interpretación sesgada de ese texto, o de cualquier ley que refleje su contenido, porque contamina el espíritu de los redactores de esa Carta, que no es otro que de promover un estado de derecho basado en garantía “a la vida, a la libertad y la seguridad” de los individuos.
A ningún ciudadano le asiste derecho de ejercer la violencia, salvo en los casos señalados expresamente en la ley, como la legítima defensa, porque ese derecho ha sido asignado a la autoridad militar o policial, cuando actúan compelidos a evitar la comisión de un crimen o a defender la seguridad del Estado.
Todo lo que antecede se ha escrito para llamar la atención sobre la pretendida intención de conducir a la Policía Nacional al paredón de la condena pública, sin reparar que ese juicio sumario debilita la vigencia del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la ciudadanía toda.
No se niega que agentes policiales incurren en excesos contra presuntos delincuentes o ciudadanos que no han violentado la ley, pero es injusto avasallar o desmoralizar a esa institución, en vez de exigir que la justicia indague denuncias de violación a derechos civiles.
Hasta hace poco, los diversos sectores sociales clamaban para que las autoridades enfrentaran una creciente delincuencia que virtualmente controlaba las calles y disponía a su antojo de vidas y bienes de los ciudadanos.

Sin menoscabo al deber de denunciar violaciones a derechos humanos, se requiere que la sociedad reclame del Gobierno un mayor apoyo logístico y técnico para una Policía a la cual la Constitución y las leyes han encomendado la tarea de defender y preservar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de todos los ciudadanos.